El acceso al pasaporte suizo no debe ser una cuestión de dinero: en los últimos años, el proceso para obtenerlo se ha vuelto más restrictivo y selectivo. Quien tiene dinero, suele tenerlo más fácil. Por el contrario, las personas que solo tienen una formación básica, ganan poco y tienen un empleo precario, se ven en desventaja. El sindicato Unia apoya el derecho a la naturalización en caso de residencia permanente en Suiza y sobre la base de criterios objetivos. El «NO» de hoy del Consejo Nacional es una oportunidad perdida. El Consejo de los Estados tiene ahora la oportunidad de corregirlo.
Quien viva y trabaje de forma permanente en Suiza, debe tener derecho a la naturalización. Este es el principio con el que se pretende poner fin al actual régimen arbitrario, tal y como exige la Iniciativa por la Democracia. En la actualidad, alrededor de 2,5 millones de personas que trabajan y residen aquí, carecen de pasaporte suizo. Esto supone más del 27 % de la población, y la tendencia va en aumento.
El hecho de que una proporción cada vez mayor de la población residente en Suiza no posea la nacionalidad suiza es consecuencia de una legislación de naturalización restrictiva. Aunque la revisión de 2018 redujo el período de residencia exigido de doce a diez años, al mismo tiempo endureció los requisitos. Así, se exige de forma obligatoria el permiso de residencia C y, en la práctica, los requisitos lingüísticos se han endurecido hasta el punto de que muchas personas migrantes sin formación superior apenas tienen ya posibilidades reales de naturalizarse. Quienes no cuentan con estudios superiores y realizan trabajos de tipo físico —por ejemplo, en la construcción o en la limpieza— difícilmente pueden cumplir unos requisitos formales cada vez más exigentes. Además, los exámenes para obtener la naturalización, con cuestiones a veces grotescas, son vejatorios y arbitrarios.
El Unia apoya la Iniciativa por la Democracia, ya que la misma propone criterios objetivos y uniformes, así como el reconocimiento de un derecho legal a la naturalización, tras cinco años de residencia. En la actualidad, Suiza presenta un importante déficit democrático que afecta especialmente a las personas migrantes trabajadoras, quienes contribuyen a la economía y a la sociedad, pero carecen de derechos políticos. De este modo, una parte significativa de la población activa queda excluida de la participación política.
El Unia respalda la iniciativa destinada a poner fin a las prácticas cantonales y municipales, las cuales están marcadas por grandes desigualdades. El objetivo es establecer un sistema de naturalización justo, transparente y no discriminatorio para todas las personas, independientemente de su lugar de residencia o nivel de ingresos. Asimismo, el Unia exige la eliminación de las tasas de naturalización, que en la actualidad son excesivamente elevadas y varían considerablemente según el cantón. Tras el rechazo del Consejo Nacional a la Iniciativa por la Democracia, corresponde ahora al Consejo de los Estados sustituir la arbitrariedad y la precariedad por criterios justos, y avanzar hacia una verdadera democratización del derecho de ciudadanía.