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La maquinaria de propaganda del partido SVP/UDC tiene un talento especial para dar nombres atractivos a sus iniciativas. Su último ataque contra los derechos sociales y democráticos de las y los trabajadores lo llama «Iniciativa de Sostenibilidad». Suena bien, pero no tiene nada de sostenible. Al contrario: se trata de un ataque frontal contra la seguridad social, los salarios y nuestros derechos.

Mientras la gente sufre por el aumento vertiginoso de las primas de los seguros médicos, los alquileres se comen los ingresos de la clase media y los salarios reales se estancan, el partido SVP/UDC busca chivos expiatorios, en lugar de ofrecer soluciones. Desde hace décadas, este partido defiende los intereses de los ricos y superricos, dominando una estrategia bien conocida: desviar la atención señalando a «las personas extranjeras», en lugar de asumir las consecuencias de su propia política clientelar. Esta iniciativa no es una excepción.

Un «sí» a esta iniciativa sería un «sí» al caos. Caos salarial, porque con el fin de la libre circulación de personas y de las medidas de acompañamiento, se desmantelaría la protección de los salarios. Sin controles efectivos, el dumping salarial dejaría de ser la excepción para convertirse en norma. Caos en las pensiones porque el seguro de AHV/AVS perdería miles de millones sin las contribuciones de las y los trabajadores jóvenes. La consecuencia lógica serían recortes en las pensiones o un aumento de la edad de jubilación. Y caos en el sector de los cuidados, que ya hoy depende en gran medida de personal cualificado procedente del extranjero. Quien apoye esta iniciativa acepta un desmantelamiento social y económico.

Además, la iniciativa es un ataque a la dignidad de las personas migrantes que contribuyen cada día al funcionamiento de este país. La Comisión de Migración del Unia advierte con razón: aquí se pretende eliminar conquistas logradas con gran esfuerzo. El retorno a modelos inhumanos como el estatuto del trabajador temporero y el ataque al derecho a la vida familiar no tienen cabida en un Estado de derecho moderno.

Esta iniciativa no soluciona ningún problema; al contrario, agrava los existentes. Es pura política simbólica a costa de las y los trabajadores, que evita abordar las verdaderas causas del aumento de los costes en la sanidad y la vivienda. Frente a la división, los sindicatos responden con solidaridad. Quien quiera defender los derechos, los salarios y las pensiones debe marcar claramente «no» en la papeleta de votación del 14 de junio.