El 24 de noviembre de 2024, el pueblo suizo votará sobre la modificación de la ley del seguro de enfermedad (EFAS, financiación uniforme de las prestaciones). Los sindicatos dicen “NO” a este proyecto de ley. Ello, porque tendría consecuencias negativas, tanto para las personas aseguradas en general, como para las y los pacientes y el personal sanitario.
La EFAS supondría un empeoramiento considerable para la población. La inclusión de los cuidados de larga duración, cuyos costes aumentan con especial rapidez, haría aumentar aún más las primas del seguro de enfermedad. La reforma llevaría también a que los cantones dejen de hacerse cargo de los cuidados en residencias de mayores o a través de Spitex (asociación de cuidados a domicilio). Con la reforma transferirían 13 000 millones de francos de los impuestos directamente a las cajas de enfermedad. Con ello, las y los pacientes sin un seguro complementario caro correrían el riesgo de tener una asistencia de peor calidad.
Con la EFAS, los ámbitos de la asistencia hospitalaria (hospitales y residencias de cuidados o de mayores) y ambulatoria (consultas médicas, ambulatorios hospitalarios y Spitex), que actualmente se financian de forma diferente, se pagarían en toda Suiza según una fórmula de financiación homogénea. «Con la EFAS, además de los 35 000 millones en primas, 13 000 millones de nuestros impuestos serían gestionados cada año por cajas privadas sin legitimación democrática y sin transparencia», explica el presidente de la Unión Sindical Suiza (USS) Pierre-Yves Maillard. Con la modificación prevista, las y los asegurados deberían sufragar, en todos los ámbitos de la asistencia sanitaria, las tres cuartas partes de los costes.
Con la nueva ley se eliminaría la actual competencia de los cantones en el ámbito de los cuidados de larga duración (residencias de mayores y Spitex). Habría que negociar una nueva tarifa única con las cajas de enfermedad. Ello afectaría de forma negativa no solo a las y los pacientes, sino también al personal. «Al suprimir los actuales mecanismos de financiación y reducir la participación de los cantones, se agravaría la ya existente presión sobre los costes y el personal», afirma Veronique Polito, vicepresidenta del Unia.
La reforma fue cimentada por el grupo de presión de las compañías de seguros médicos, las clínicas privadas y las organizaciones asistenciales con ánimo de lucro. Con la eliminación de competencias de los cantones, en materia de financiación y organización de las residencias de mayores y de Spitex, se extendería la alfombra roja a las organizaciones privadas implicadas con ánimo de lucro. Podrían elegir a las y los pacientes con más recursos. Al mismo tiempo, a las compañías de seguros les interesa racionar la asistencia básica para poder vender más pólizas de seguros complementarios. Los perdedores serían todas las personas que tienen el seguro básico obligatorio. Katharina Prelicz-Huber, consejera nacional de Los Verdes, explica: «La revisión supondría un enorme trasvase de poder hacia las cajas de enfermedad , alejado del control democrático, también en lo referente a las decisiones médicas y las necesidades de las y los pacientes.»
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