Cada año, a 500 mujeres embarazadas se les extingue su derecho a las prestaciones por desempleo. Para las afectadas y sus familias, esto tiene graves consecuencias: en lugar de percibir las prestaciones del permiso maternal pagado, se ven abocadas a solicitar ayuda social.
Las embarazadas desempleadas que caen enfermas pierden su derecho a la prestación por desempleo tras 30 días seguidos de baja por enfermedad. Ello, incluso si han cotizado al seguro de desempleo durante años. Peor aún: si se extingue su derecho a las prestaciones por desempleo, antes de dar a luz, no pueden acceder al permiso maternal pagado. Esto afecta cada año a unas 500 mujeres. A muchas no les queda otra alternativa que acudir a los servicios sociales y solicitar ayuda social. Este problema podría resolverse con pequeños ajustes en la ley del seguro de desempleo, con un coste mínimo de apenas un 0.12%.
Nadie en su sano juicio puede estar en contra de esta corrección. Pero la mayoría burguesa de la Comisión de Asuntos Sociales del Consejo de Estados sí lo está. Con 7 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención, rechazaron una moción presentada por la senadora Flavia Wasserfallen del Partido Socialista de Berna. Si suponemos que los miembros de partidos progresistas votaron todos a favor de las mujeres embarazadas, entonces solo una persona de los partidos de derecha o centro-derecha votó a favor de proteger a las embarazadas enfermas desempleadas, y otra no supo qué hacer. Un dato un poco paradójico: Si las y los representantes del partido “die Mitte” ("El Centro") —que se autodenomina el “partido de las familias”— hubieran apoyado unidos la propuesta, el resultado habría sido diferente. Pero, al parecer, para la mayoría del partido “die Mitte” en el Consejo de Estado, incluso en una festividad mariana, el radicalismo de mercado pesa más que la solidaridad: rechazo para las futuras madres, precisamente el día de la Asunción de María.
La justificación oficial de la mayoría de la comisión, de manera literal: “La comisión considera que el derecho actual ya cubre suficientemente las interrupciones laborales debido al embarazo y que, además, existe la posibilidad de aplicar soluciones específicas, según el sector o la empresa, para fomentar la integración laboral de mujeres embarazadas.” En resumen: el problema no existe. Y si existiera, ya lo resolverán los empleadores. Lo cual, naturalmente, no ocurre. La Unión Sindical Suiza (USS) comenta sobre la decisión de la comisión: “Lo más cínico es que la política exige a las mujeres tener más hijos y participar más en el mercado laboral. Pero, sin embargo, se rechaza ofrecerlas una mínima protección.”