El Índice Global de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras de la Confederación Sindical Internacional (CSI), para el 2026, vuelve a situar a Suiza en la categoría «Nota 3», correspondiente a países donde se registran violaciones regulares de los derechos laborales. En esta misma clasificación se encuentran Estados como Bélgica, Polonia o Canadá. El informe confirma una tendencia ya observada en los últimos años: pese a su estabilidad económica e institucional, Suiza no garantiza plenamente el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores.
Según las conclusiones, en particular, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el principal problema radica en la insuficiente protección frente a los despidos ligados a la actividad sindical. El Convenio n.º 98 sobre el derecho de sindicación y el derecho a la negociación colectiva exige garantías efectivas. Sin embargo, en Suiza, la indemnización por despido abusivo está limitada a un máximo de seis salarios mensuales y, en la práctica, suele situarse entre dos y tres meses. La OIT exige expresamente sanciones disuasorias del orden de doce salarios mensuales. La falta de protección jurídica suficiente hace que la participación sindical resulte arriesgada y debilita el poder de negociación colectiva.
Esta situación contribuye a que Suiza se sitúe por debajo de la media histórica europea en materia de derechos laborales. La comparación con uno de los países vecinos es clara: Alemania, calificada con un 1, sigue garantizando una sólida protección de los derechos colectivos e individuales. Suiza, por el contrario, se estanca al no subsanar las lagunas jurídicas estructurales. Francia fue rebajada en 2026 a la calificación 3. La CSI critica allí una mayor represión contra las y los activistas sindicales, restricciones al derecho de manifestación y prácticas unilaterales en la aplicación de los acuerdos.
En términos generales, la evolución reciente resulta preocupante. El retroceso de los derechos laborales en Europa está reduciendo la distancia entre Suiza y países que históricamente contaban con niveles más altos de protección. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluso economías como Estados Unidos o Francia están contribuyendo a un deterioro global de las libertades sindicales y, en un sentido más amplio, de la democracia en el ámbito laboral. El informe de 2026 de IndustriALL sobre la crisis de los derechos laborales en Europa confirma esta tendencia y constata un debilitamiento generalizado de las normas básicas en el conjunto del continente.
En este contexto, la ausencia de avances en Suiza adquiere una relevancia particular. Lejos de ser un fenómeno neutro, pone en cuestión los fundamentos del llamado modelo de diálogo social, que muestra limitaciones evidentes cuando aumentan los conflictos laborales. Un ejemplo ilustrativo es el despido por actividad sindical: en la mayoría de los casos, la persona afectada solo tiene derecho a una indemnización económica limitada, sin posibilidad de readmisión automática. Esto reduce de forma significativa el efecto disuasorio para los empleadores y debilita la capacidad de organización colectiva dentro de las empresas.
Estos resultados apuntan a la necesidad de adoptar medidas claras: reforzar la protección frente a los despidos abusivos, establecer sanciones realmente disuasorias y avanzar en la modernización de la legislación laboral para garantizar de manera efectiva la libertad sindical. Sin avances concretos en estos ámbitos, Suiza corre el riesgo de consolidarse en el grupo de países donde los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores solo están garantizados de forma parcial.
Marie Saulnier Bloch, coordinadora de asuntos internacionales del Unia