El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. En 1990 se aprobó en este día la «Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares». Sin embargo, hasta la fecha, ningún país occidental industrializado y receptor de personas migrantes la ha ratificado, tampoco Suiza. Hablamos con Marie Saulnier-Bloch, coordinadora de Asuntos Internacionales del Unia, sobre la importancia de este día.
La migración forma parte de la historia del mundo laboral. Este día nos recuerda que los derechos sindicales se aplican a todas las personas, independientemente del color de su pasaporte o de sus papeles.
Mediante convenios colectivos de trabajo que garantizan mejores salarios y condiciones laborales, controles salariales, asesoramiento jurídico, campañas como la que se está llevando frente a la iniciativa del partido SVP/UDC, así como, con el apoyo a las personas afectadas por abusos. La mayoría de las personas afiliadas al Unia no tienen pasaporte suizo. La defensa individual y colectiva de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras es parte fundamental de su labor.
Ambas cosas siguen la misma lógica: negar derechos para poder controlar y someter mejor a las personas, y así, consolidar una sociedad desigual. Sin derechos fundamentales garantizados, prosperan las campañas xenófobas. La ratificación garantizaría una protección fundamental contra la explotación. Los Estados ricos deben dejar de beneficiarse de una mano de obra precaria a la que, al mismo tiempo, niegan una serie de derechos fundamentales. Suiza debería dar ejemplo en este sentido.
El peligro no reside en la cifra, sino en el abuso político que se hace de ella. La retórica de los «10 millones» sirve para criminalizar a las personas migrantes y debilitar sus derechos. Si se aprueba la iniciativa, no solo se legitimarán los discursos neofascistas, sino que también se eliminará todo el sistema de control salarial. Este sistema se basa en los acuerdos bilaterales; si estos desaparecen, también desaparecerán los controles contra el dumping salarial, lo que supondrá un enorme retroceso para el conjunto de trabajadoras y trabajadores. El partido SVP/UDC oculta esto a sus propios votantes. Muchos se perjudicarían a sí mismos con ello. La mano de obra no disminuiría, pero las trabajadoras y trabajadores tendrían menos derechos.
El dumping salarial aumentaría. Hoy en día, gracias a los controles salariales, se devuelven cada año alrededor de 50 millones de francos suizos a trabajadoras y trabajadores. Eso es precisamente lo que el partido SVP/UDC quiere eliminar, alimentando el racismo y la xenofobia. Cuanto más precaria y dependiente es la situación de las personas, menos capacidad tienen para defender sus salarios y sus derechos. Los únicos beneficiados serían los empleadores explotadores y los racistas, que se sentirían legitimados. Cualquiera con antecedentes migratorios lo sabe bien: antes fuimos nosotros quienes sufrimos el rechazo y la explotación. Suiza necesita mano de obra, y toda persona que trabaja tiene derecho a una vida digna y a un futuro para sus hijos. Punto.
El miedo a la llamada «extranjerización» es instrumentalizado por quienes no ofrecen respuestas a las preocupaciones reales de la población, sino que buscan asegurar sus privilegios y beneficios a corto plazo. La migración no es una amenaza; lo verdaderamente amenazante son las prácticas explotadoras y ciertas estrategias políticas. Suiza funciona gracias al trabajo de muchas personas sin pasaporte suizo: esa es la realidad. Lo decisivo son las condiciones de trabajo y de vida, presentes y futuras, así como una política que proteja la dignidad de todas las personas y garantice una vida digna.La gente teme el aumento de las facturas, la incertidumbre sobre el futuro y la pérdida de conquistas sociales. Para hacer frente a estos miedos se necesita una política valiente de inversión y planificación, junto con una redistribución justa de la riqueza, y no una sociedad en la que la mayoría apenas llega a fin de mes mientras los multimillonarios se embolsan los beneficios. Ese es el verdadero miedo al que hay que responder.
Nombrar correctamente las causas reales —la precariedad laboral, la escasez de vivienda, la presión salarial y la tensión sobre el sistema de pensiones— es fundamental. Se trata de problemas estructurales que no tienen su origen en la migración. Identificar con precisión estos factores desactiva los discursos que buscan incitar al odio y señalar falsos culpables. El capital opera a escala global; por ello, nuestra solidaridad también debe ser global. El internacionalismo no es un eslogan vacío, sino una necesidad tanto estratégica como ética.
La solidaridad significa reconocer que nuestra fuerza colectiva no conoce fronteras. Los trabajadores y las trabajadoras comparten las mismas necesidades: dignidad, seguridad y justicia social. La solidaridad internacional es el arma de las personas oprimidas contra un capital que tampoco conoce fronteras.